La declaración de Luis Hermosilla Osorio ante la Fiscalía Regional de Valparaíso ha provocado una ola de controversia en el ámbito político chileno. Según el abogado, él y su colega Samuel Donoso recibieron pagos en efectivo por parte del presidente Sebastián Piñera para supervisar y representar causas judiciales de alta relevancia. La declaración, reportada por el Diario La Tercera, revela una coordinación directa entre el mandatario y estos abogados, quienes asumieron la defensa penal de autoridades que se vieron implicadas en causas relacionadas con el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019, así como en asuntos emergentes de la pandemia del COVID-19. Hermosilla enfatizó la necesidad del Presidente de estar informado sobre las estrategias legales que los abogados implementaban para defender a sus mandatarios.
Hermosilla entregó detalles sobre la remuneración recibida por esta función, distinta a su papel como asesor del Ministerio del Interior, aclarando que el presidente decidió que recibirían alrededor de 100 UF mensuales cada uno, en efectivo. El abogado explicó que estos pagos no se realizaban mediante transferencia bancaria, siendo entregados en forma de sobres de dinero. Además, apuntó que los pagos eran acumulativos y se hacían trimestralmente, un procedimiento que también había sido llevado a cabo por otros funcionarios del gobierno en esa época. Esto ha abierto un debate sobre la legalidad y transparencia de tales transacciones financieras en el marco de la justicia penal.
Adicionalmente, Hermosilla mencionó un grupo de abogados que se formó tras el estallido social, con el objetivo de defender a funcionarios implicados en causas por derechos humanos y otros problemas vinculados al orden público. Este grupo se diferenciaba de una anterior coalición conocida como los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”, que actuaba ad honorem en causas relacionadas con incidentes durante las manifestaciones, como la quema de estaciones de Metro. Sin embargo, a medida que la situación legal se complicó en 2020 para los altos mandos de Carabineros y otras autoridades, se requirió un cambio en la estrategia legal, lo cual condujo nuevamente a la cercanía de Hermosilla y Donoso con el presidente Piñera.
Con respecto a la ausencia de Gabriel Zaliasnik en esta dinámica de pagos, se ha señalado que su rol se limitaba a la defensa del general de Carabineros Mario Rozas. Zaliasnik contaba con un esquema diferente debido a que sus honorarios eran gestionados por la Fundación Nos Importan, una entidad que se formó con financiamiento de la sociedad civil para defender a carabineros implicados en diversas causas. Esta distinción subraya la complicación en la red de defensores y las implicaciones legales que rodean a estos personajes, quienes manejaron situaciones delicadas desde una perspectiva legal y ética.
Por último, según lo que expuso Hermosilla, el pago de honorarios continuó incluso después de que Sebastián Piñera dejara la presidencia en marzo de 2022, lo cual plantea nuevos interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para financiar estas defensas. Esta situación ya está bajo la mirada de la Fiscalía Regional de Valparaíso y la Policía de Investigaciones (PDI). La compleja red de financiamiento y las relaciones entre los líderes políticos y su defensa legal representan un importante punto de evaluación para el futuro de la política y la justicia en Chile, así como para la confianza del público en las instituciones gubernamentales.
