En el contexto reciente de las investigaciones de la Contraloría sobre el uso indebido de licencias médicas, surge la necesidad apremiante de revisar la forma en que se investiga la responsabilidad administrativa en el ámbito de la administración pública. Según el Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, se ha identificado a más de 25.000 personas, incluidas tanto funcionarios públicos como trabajadores de entidades financiadas con recursos del Estado, que podrían haber incumplido con el reposo de sus licencias a través de viajes al extranjero en los años 2023 y 2024. Esta situación pone de relieve la importancia de establecer mecanismos de investigación más eficientes y rigurosos para abordar estos casos de potencial irregularidad, donde la responsabilidad individual debe ser claramente acreditada.
El marco normativo chileno, particularmente el Estatuto Administrativo, establece procesos específicos para la realización de sumarios administrativos, los cuales deben ser llevados a cabo por personal designado con el nivel jerárquico igual o superior al involucrado. La legislación estipula plazos ajustados y requisitos de imparcialidad que son esenciales para garantizar que las investigaciones se realicen de manera eficiente y justa. Sin embargo, esta configuración puede resultar insuficiente ante la creciente complejidad y cantidad de casos que deben ser abordados, exponiendo una posible falta de capacidad investigadora dentro de los organismos públicos, lo que podría incidir en el manejo adecuado de las responsabilidades administrativas.
En este sentido, resulta relevante observar el modelo colombiano, donde el artículo 93 del Código General Disciplinario establece que las oficinas encargadas de las investigaciones deben contar con personal de nivel profesional o superior, incluyendo una jefatura abogada en nivel directivo. Tal estructuración no solo busca elevar la calidad de las investigaciones, sino también garantizar una separación clara entre la instrucción y el juzgamiento, principios que podrían ser fundamentales para la reformulación del sistema chileno de investigación disciplinaria. Propuestas para crear un órgano dedicado exclusivamente a esta función, con autonomía técnica y personal altamente calificado, empiezan a cobrar fuerza como solución viable para mejorar la gestión de casos en este ámbito.
La profesionalización de la investigación disciplinaria en la administración pública en Chile no solo requiere una revisión de los procesos actuales, sino también un compromiso con la dotación de recursos adecuados y programas de formación que fortalezcan las capacidades del personal encargado de investigar. Es fundamental establecer un presupuesto que asegure la efectividad de estas reformas, capacitando a los funcionarios en aspectos tanto jurídicos como probatorios, además de ofrecer un marco que evalúe las cargas y plazos de los procesos. Una administración eficiente debe ser capaz de sancionar las infracciones de manera proporcional y defender los derechos de los involucrados, manteniendo así la imparcialidad en la toma de decisiones.
Finalmente, la reestructuración del sistema de investigación debe enfocarse en garantizar la separación entre el proceso de investigación y el proceso decisional, conforme lo estipulan los artículos del Estatuto Administrativo. Este enfoque no solo proporcionará un marco más claro y efectivo para investigar infracciones administrativas, sino que contribuirá a fortalecer la confianza pública en las instituciones. A medida que Chile busca avanzar hacia una administración pública más responsable y transparente, profesionalizar la investigación disciplinaria se convierte en un imperativo que no debe ser ignorado.
