La Contraloría General de la República ha revelado una alarmante cifra que involucra a 910 funcionarios públicos y municipales de 371 entidades del Estado, quienes transaccionaron un total de $11.490.456.871 en casinos a pesar de contar con una prohibición explícita para realizar apuestas. Estas operaciones, que datan desde enero de 2024 hasta junio de 2025, evidencian una preocupante falta de ética entre quienes administran fondos públicos, ya que se ha comprobado que los montos apostados no se corresponden con los niveles salariales de los implicados. Esta situación pone en tela de juicio la confianza pública en estas instituciones y sus funcionarios, quienes deberían ser ejemplos de conducta y responsabilidad financiera.
El informe detalla que de los 910 funcionarios implicados, 181 concentran la asombrosa suma de $11.118.431.956, lo que representa el 96,8% del total transaccionado. Esta concentración de apuestas sugiere un patrón de conducta que desafía no solo la prohibición existente, estipulada en el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, que prohíbe a los funcionarios realizar cualquier tipo de apuesta, sino también la lógica de una gestión pública transparente y responsable. Las cifras sugieren un cuestionamiento inmediato sobre la supervisión de estos funcionarios y la efectividad de las medidas preventivas implementadas por el Estado.
En lo que respecta a los servicios públicos y las municipalidades involucradas, el informe de la Contraloría identifica que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios de entidades como Carabineros, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI). En algunos casos, las cifras individuales egresadas superan los mil millones de pesos, lo que pone de manifiesto un uso indebido de los recursos y la confianza pública. En total, se han identificado 20 funcionarios que, de acuerdo al informe, han transaccionado más de $5.392 millones, lo que refuerza la urgencia de una investigación exhaustiva.
Como consecuencia de estas revelaciones, la Contraloría ha decidido remitir un listado con los nombres de los 910 funcionarios involucrados a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) para que se inicien las acciones de fiscalización e investigación correspondientes. Además, se ha indicado que se enviarán los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades para facilitar la apertura de procedimientos disciplinarios. Esta respuesta indica un intento serio por parte de la Contraloría de restaurar la legalidad y la ética en la función pública, esperando que se tomen las medidas adecuadas contra los infractores.
Finalmente, los antecedentes también serán enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, lo que sugiere que este caso puede tener repercusiones legales más amplias. La situación genera un debate en torno a la integridad y la responsabilidad de los funcionarios públicos, y plantea la necesidad urgente de reformas en la supervisión de operaciones de apuestas y en la gestión de fondos públicos. La comunidad espera que este escándalo refuerce las medidas anticorrupción y evite futuros incidentes similares, restaurando la confianza en las instituciones del Estado.
